El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) es un servicio de carácter público, de ámbito andaluz, universal y gratuito, integrado por recursos, funciones y actividades, bajo la dirección y coordinación de la Consejería de Justicia e Interior, dirigido a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos y faltas, así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la justicia a la ciudadanía.
Se considera víctima a:
- Las personas físicas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de una infracción penal.
- Los familiares o personas físicas que tengan relación afectiva con las personas a las que se refiere el apartado anterior y se vean perjudicadas en los aspectos señalados en él.
- Las personas físicas que hayan sufrido daños al asistir a las personas referidas en el apartado primero en el momento de la comisión de la infracción penal o para prevenir la victimización.
La victimización secundaria se refiere a todas las agresiones psíquicas (no deliberadas pero efectivas) que la víctima recibe en su relación con los profesionales de los servicios sanitarios, policiales, o de la judicatura (interrogatorios, reconstrucción de los hechos, asistencia a juicios, identificaciones de acusados, lentitud y demora de los procesos, etc), así como los efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicación. Estos efectos pueden llegar a constituirse en una segunda experiencia de victimización, posterior a la vivencia del delito.
La finalidad del SAVA es prestar una atención integral y coordinada a los problemas padecidos por las víctimas como consecuencia de su victimización y dar respuesta a sus necesidades específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social, mediante la intervención interdisciplinar de un equipo técnico.
Ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
La ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y de ámbito nacional, establece dos ámbitos de actuación:
- Protección económica de la víctima, regulando las ayudas públicas, inspirándose en el principio de solidaridad.
- Generalizar la información y la atención psicológica y social a las víctimas de delitos de todo tipo, intentando con ello paliar el fenómeno conocido como victimización secundaria, derivada de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico-penal.
Las víctimas podrán recibir ayuda económica cuando reúnan los siguientes requisitos:
- Que el culpable sea desconocido o sea insolvente (al menos parcialmente).
- Que el resultado del delito sea la muerte, lesiones corporales graves o daños graves en la salud física o mental (incapacidad temporal superior a 6 meses o incapacidad permanente por minusvalía de más de un 33% según criterios de la Seguridad Social).
- Que la víctima no haya percibido a través de un seguro privado el total de las indemnizaciones por daños y perjuicios establecidas en la sentencia.
- Que no tenga derecho a percibir un subsidio de la Seguridad Social por incapacidad temporal.
Consulta el texto completo de la ley: